Ahora o nunca

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El pasado 14 de enero fue publicada en el boletín oficial del Estado la aprobación de la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros (AECG), conocido por sus siglas en inglés CETA. Pero aún quedan dos votaciones a este lado del Atlántico, la del 24 de enero en la Comisión de Comercio Internacional (INTA), y la del 16 de febrero en la que el Europarlamento lo podría ratificar, y el proceso de ratificación no acaba aquí, ya que al ser considerado mixto por afectar a materia que es competencia exclusiva de los Estados deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales y regionales miembros de la UE.

Y por si esto fuera poco, el Europarlamento debe elegir un nuevo presidente para su cámara y los apoyos necesarios para conseguir la investidura del candidato socialdemócrata podrían exigir el dictamen previo del Tribunal de Luxemburgo sobre la compatibilidad del CETA con las normas europeas.

Este acuerdo que permitiría la libre circulación de bienes, servicios y capitales, constituyen fundamentalmente el marco jurídico necesario que exige la globalización, ya que el CETA no sólo supone un desarme arancelario, sino que además, liberaliza los mercados promoviendo la mercantilización de los servicios e imponiendo nuevos órganos de toma de decisión global (Consejos y Foros) en los que no está prevista la participación ciudadana, pero en los que si serán oídos los grupos de presión industriales. Es decir, es el nuevo marco de la gobernanza mundial orientado a la protección del inversor extranjero, que antepone el beneficio empresarial a los derechos humanos, y un modelo a seguir para conseguir otros acuerdos.

El CETA como el TTIP es criticado tanto por profesionales de la justicia como de ONGs, asociaciones de PYMES y la propia ciudadanía, ya que su aplicación amenaza:

  • La lucha global contra el cambio climático, al imponer un modelo económico basado en energías fósiles y sucias.
  • Los derechos laborales, la salud, la seguridad y el desarrollo sostenible, al imponer un modelo de competencia que impulsaría los precios a la baja, y por tanto, los salarios. Lo que provocaría la expulsión del mercado de: trabajadores, agricultores, profesionales y pequeños empresarios. Además, en el texto no se dedica ni una línea a proteger estos derechos, y por el contrario, si es ejecutivo para proteger al inversor extranjero.
  • La capacidad de los gobiernos nacionales, regionales y locales para crear, expandir, recuperar y regular los servicios públicos, y por tanto para luchar contra la desigualdad.
  • El acceso de los medicamentos, de las semillas, de los productos culturales y de la investigación, al prolongarse la duración de las patentes.
  • La estabilidad económica y financiera de los Estados, al liberalizar los servicios financieros.
  • Con institucionalizar la injusticia, al imponer un trato igual entre desiguales, y con la creación de un sistema de justicia paralela para proteger a las multinacionales.
  • Con consolidar la participación en la toma de decisiones de los grupos de presión empresariales.

La aplicación provisional y parcial del CETA, prevista en el articulado implica poner en marcha la casi totalidad del mismo, únicamente quedaría excluida de dicha aplicación: el sistema de protección de inversiones conocido por ICS, algunas disposiciones relacionadas con los servicios financieros y la fiscalidad, la disposición sobre sanciones penales contra las personas que graben las películas en las salas cine y la disposición sobre la transparencia de los procedimientos administrativos.
A pesar de todo ello el Europarlamnento tiene previsto ratificar el CETA con los votos favorables del Partido Popular Europeo, el ALDE y una mayoría de Socialdemócratas, al menos con el actual presidente y debemos impedirlo. El próximo 21 de enero las campañas europeas contra el CETA-TiSA-TTIP saldrán a las calles de las distintas ciudades europeas a reclamar la protección del derecho que tiene toda persona a tener una vida digna que no puede ser enterrado bajo la protección a la inversión.

Sandra Soutto. Economista y miembro de ATTAC PV.

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