La patata caliente del Hospital Provincial

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No cabe duda de que el Hospital Provincial gestionado por un Consorcio entre la Diputación Provincial y la Conselleria de Sanidad es, ha sido y será una patata caliente y lo es precisamente por haberse desarrollado en gran parte de su historia al margen de las autoridades sanitarias competentes al depender de la Diputación provincial.

El Provincial es un híbrido que habita en territorio fronterizo y aguarda desde hace 30 años que alguien le saque de su orfandad. El asunto es que ninguna administración anterior o actual quiere hacerse cargo de la institución más querida por los castellonenses, quizá porque para la sanidad valenciana supondría un severo correctivo. En Castellón tenemos mas servicios psiquiátricos por ejemplo que en el resto de la Comunidad.

En lugar de verse como un mérito se puntúa como un desequilibrio que genera “agravios comparativos”, en lugar de tomarnos como referencia se nos pone en la nómina de sospechosos.

La consellera de sanidad quiere hablar de facturas irregulares y de deuda como si los ayuntamientos y las CCAA no tuvieran a su vez deudas. Y mezcla churras con merinas cuando trata de poner en el mismo paquete las facturas irregulares y los despidos de 23 trabjadores que el próximo día 8 cesarán en sus contratos también irregulares. Una irregularidad que cometieron otros, al decir del pim pam pum político, en donde los ajustes de cuentas parecen estar por encima del sentido y del bien común.

Despidos que pueden interpretarse también como una purga para hacer al provincial dependiente y subsidiario del General y de las ambiciones políticas de su director que sueña con tener una franquicia en el centro de Castellón.

El provincial tendrá que desprenderse de unos profesionales que aunque los políticos no lo sepan (no quieren saberlo o quizá no tienen nivel para saberlo) llevaban muchos años desarrollando tareas, programas, funciones a veces mal conocidas pero en cualquier caso útiles para el ciudadano o la propia organización.

Tan mal conocidas como que uno de esos despidos afecta a una documentalista que lleva -llevaba- entre sus manos toda la innovación en la gestión documental del Consorcio. ¿Alguien puede explicar esa arbitrariedad política? Ah y además es Premio Nacional de Innovación. Para que vean.

Firmado: Anónimo

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