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Ningún señor feudal hubiera tenido mejores vasallos

ATTAC Castelló

El avance de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC), el desarrollo de la redes culturales, y la globalización han abierto nuevas posibilidades de intercambio, ya que a través de las redes no solo se puede adquirir la propiedad de bienes y servicios, sino también compartir su uso sin transferir la propiedad, ya sea con o sin dinero. Es la llamada “economía colaborativa” y aunque el uso compartido de las cosas es histórico, hasta ahora no habíamos necesitado ninguna herramienta digital para ejercerlo, sólo requería tener relaciones de vecindad o amistad con las que compartías, la plancha, el taladro, el secador de pelo, el arroz, el azúcar, el coche, el cuidado esporádico de las mascotas o de los hijos. Lo que no existían eran las plataformas digitales, que además de traer los avances tecnológicos aportan una estructura empresarial diferente, donde la figura del consumidor y del proveedor se simultanean y la responsabilidad se diluye.

Buscando un sistema que facilitara el uso de recursos ociosos, fomentara el ahorro y la protección del medio ambiente, surgió la llamada “economía colaborativa” o “consumo colaborativo”, basada en el uso las redes digitales en la que se comparten valores como la solidaridad, la confianza, y la defensa de lo común, como una alternativa a la acumulación de la propiedad. Sin embargo, la crisis sistémica atrajo a aquellos que sumidos en la precariedad veían en este sistema una oportunidad para subsistir. Y gracias a la amplia aceptación de las redes sociales y el uso de los teléfonos inteligentes, se expandió rápidamente en forma de negocio lucrativo, penetrando con más fuerza en la industria del turismo y el transporte, presentando serios problemas para garantizar la seguridad de los consumidores, la habitabilidad de las ciudades, los puestos de trabajo decentes, el comercio y la fiscalidad justa por carecer de regulación.

Fue a través del trabajo colaborativo que un grupo de profesionales de forma voluntaria (sistema de intercambio de servicios como los bancos de tiempo, donde las retribuciones son en tiempo y no en dinero) crearon bienes para el uso común, como por ejemplo, Linux y Wikipedia cuya finalidad era satisfacer necesidades no cubiertas, en estos casos un software libre y una enciclopedia libre. Hasta que los “Señores” del Silicon Valley decidieron hacer negocio creando mercados desregulados como son las plataformas digitales Uber o mturk de Amazon, que compiten con empresas locales ofreciendo precios más bajos, destruyendo empleos y apropiándose del excedente generado por los “trabajadores independientes”, lo que ha motivado diversos contenciosos por competencia desleal.

Este sistema que reafirma los valores del capitalismo, en cuanto permite la acumulación de beneficios y la explotación de los recursos, no es más que un mercado digital de servicios sustentado por una amplia red de contactos que se basa en la confianza de consumidores y proveedores que ceden sus datos sin garantías sobre su tratamiento, y en cuanto a la fiabilidad, ésta es determinada por la evaluación personal de los usuarios, sin ningún mecanismo de control técnico. Es por tanto, el tamaño de la red digital la base de este mercado, ya que cuanto más miembros tiene la plataforma más posibilidades de consumo existen. Ahora bien, las relaciones sociales también sufren cambios, no porque se intensifique el uso de tecnología digital, sino porque prima la relación comercial y el contacto personal es mínimo. En resumen, no es como comprar en el mercado municipal en el que tenderos y consumidores son también vecinos, ni como llevar a la vecina en tu coche.

Además, este mercado está planteando problemas en los sectores ampliamente regulados como el taxi o la hostelería, en los que se exigen licencias, infraestructuras, y obligaciones fiscales, que son eludidas por estas plataformas, permitiéndoles ofrecer el servicio a un precio más bajo, como explica José Luis Artola presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia.

Y es que tampoco está claro que se cree empleo, al menos directamente, y el que se pueda generar será precario, porque sus trabajadores carecen de protección laboral, seguros de enfermedad, derecho a vacaciones, ni licencia paternal, ni derecho a la huelga, ni negociación colectiva, ni seguros que garanticen la seguridad de los consumidores. ¿No es esto competencia desleal, como dice el gremio de taxistas?

¿Son a caso estas plataformas digitales irresponsables? En este sentido la UE impulsó un informe del Comité Económico y Social Europeo en el 2014 enfocado sobre todo a la protección del consumidor: “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI”. Pero el sector de la economía colaborativa, liderado por Airbnb, Uber y TaskRabbit, siguieron defendiendo, a través de sus lobbies, ante las instituciones europeas su importancia en la creación de empleo y el crecimiento económico, y consiguieron que el Parlamento Europeo elaborara en el año 2015 un estudio de impacto de la economía colaborativa para que ésta no se viera restringida por la normativa de los Estados. Incluso la Comisión Europea hizo sus recomendaciones olvidando cerrar las posibilidades a los monopolios digitales, y distinguió entre dos tipos de plataforma con cierta ambigüedad: las intermediarias, a las que se les aplica la normativa de comercio electrónico y están exentas de responsabilidad, y las proveedoras de servicios que deberán cumplir la normativa de su sector, incluso la laboral. Motivo por el cual a estas plataformas les interesa ser meras intermediarias digitales.

Aunque cada vez hay más tipos de economía colaborativa, mencionare cinco:

  • Puesta en común o conocimiento abierto, por la que se promueve la difusión de la información y del saber. Por ejemplo, la Wikipedia.

  • Acceso o consumo colaborativo, en el que se accede al uso de bienes y servicios de forma temporal.

  • Producción colaborativa, en la que los usuarios participan en los procesos de producción, por ejemplo producción de software en código abierto.

  • Trabajos ocasionales (gig economy), ideada para proporcionar trabajos esporádicos, en el cual los trabajadores han de estar siempre disponibles y dispuestos.

  • Finanzas colaborativas, mediante donaciones, prestamos o créditos. (Crowfunding)

¿Pueden estas plataformas garantizar un buen servicio a los ciudadanos con unos precios tan bajos? Si cumplieran con los requisitos que ya se exige a los negocios que existen en el sector en el que actúan, la respuesta debería ser no. Pero como dice la Comisión Europea las plataformas colaborativas que deben cumplir con los requisitos del sector son las proveedoras del servicio, por ejemplo cuando ofrecen un servicio de pagos, y serían responsables. No obstante, cuando actúan como intermediarias entre consumidores y proveedores de servicios pueden estar exentas de responsabilidad.

Por otra parte, la obligación de garantizar la protección al consumidor es de los Estados miembros, que deberán exigir a estas plataformas lo estrictamente necesario para alcanzar el interés público y distinguir entre el proveedor habitual y el ocasional, según dicta la Comisión. Lo que no está claro, ya que la protección de las personas y el medioambiente exigen que no haya exenciones en el régimen de responsabilidades.

Además, unos precios más bajos se pueden ofrecer cuando los costes bajan, y estos bajan cuando bajan las retribuciones laborales o la calidad de los servicios que unidos a la falta de control que implica la liberalización, favorecen la precarización laboral y el intrusismo profesional.

Tampoco debemos olvidar las obligaciones fiscales que genera la economía colaborativa, aunque muchas de estas plataformas digitales tienen sus sedes en Paraísos Fiscales, por lo que obtienen beneficios en nuestro país, provocan el cierre de muchas empresas que dejan sin empleo a muchas personas, y ni tan siquiera contribuyen al asfaltado de nuestras calles, las calles por las que circulan sus coches (Uber por ejemplo). Todos los prestadores de servicio deben pagar los impuestos correspondientes, ya sea sobre la renta, sobre el beneficio de sociedades y el IVA, y evitar con ello que la economía colaborativa sea campo abonado para la economía sumergida.

Con la economía colaborativa también es posible financiar los negocios, ya que consiguiendo “un poco” de mucha gente se divide el riesgo de pérdida (porque ninguna inversión está garantizada). Es lo que se denomina crowfunding, que permite captar recursos por recompensa o venta anticipada, como ocurre en Verkami. Pudiendo consistir en un simple préstamo entre particulares (P2P Lending), así como en una inversión en empresas, a cambio de participaciones en el capital, en el beneficio o en la facturación (CrowdEquity). En la cultura del “háztelo tu mismo” la financiación también dependerá del propio interesado.

En resumen, la llamada economía colaborativa ha irrumpido en la economía europea en el momento justo, en plena acción liberalizadora de mercados impuesta por las políticas neoliberales, y la Comisión Europea, la recoge como solución al desmantelamiento de los servicios públicos, mientras ratifica el CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea) y negocia el TiSA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios). Entonces, cómo no adoptar un sistema que proporciona trabajadores a buen precio en cualquier momento, con costes mínimos y prácticamente sin responsabilidades, para acumular beneficios y responsabilizar a trabajadores y consumidores de los fracasos.

Justo en el momento en que se implementan tratados de comercio e inversión internacionales que listan los servicios públicos que no serán liberalizados, y se penaliza su reversión, la tecnología permite crear un mercado de consumidores dispuestos a trabajar y a fiscalizar la calidad de los servicios ofertados en dicho mercado.

Esto sí que es nuevo, estamos ante un mercado desregulado, sin apenas intervención estatal, en el que los responsables son los usuarios, a los que se llama emprendedores, propietarios de los recursos, que consumen y evalúan los servicios ofertados, compitiendo para sobrevivir y no caer en la exclusión social, además de ceder gratuitamente el tesoro que constituyen sus datos personales, mientras una élite que no necesita tener la propiedad de los recursos se asegura el beneficio económico, los Señores del Silicon Valley. Ningún señor feudal hubiera tenido mejores vasallos.

Escrito por Sandra Soutto

Economista y miembro de ATTAC PV

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