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La campaña No al TTIP comarques de Castelló pide a los eurodiputados que voten no al CETA

El próximo 15 de febrero la mayoría conservadora del Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia), tiene previsto ratificar el CETA ( acuerdo económico y comercial global entre Canadá, la Unión Europea y sus Estados miembros), con el que se eliminarán aranceles, controles administrativos, sanitarios, financieros y democráticos entre las partes, para supuestamente, impulsar el crecimiento económico a través de un aumento de las exportaciones.

Según esta mayoría, es necesario atraer las inversiones canadienses e indirectamente las estadounidenses (mediante las filiales establecidas en Canadá), garantizándoles sus beneficios, incluso con los presupuestos de los Estados anfitriones, motivo por el cual, el CETA pone en marcha una serie de mecanismos de uso exclusivo de las multinacionales que les permitirá demandar a los Estados receptores de su inversión para proteger, lo que el tratado denomina “las expectativas legítimas” de estas, y que no son más que sus presuntos beneficios.

Este mecanismo llamado ICS formado por 15 árbitros internacionales que cobrarán por caso resuelto y sólo del perdedor, al que la socialdemocracia le disfraza de público, tal vez, porque casi siempre pierden los Estados, se desarrolla al margen de los sistemas judiciales nacionales, y eso que los casos que ventilarán estos árbitros afectarán a las personas de un determinado municipio, como ocurre con el planeamiento urbanístico, el suministro de agua, e incluso la creación de empleo digno.

Sistema al que no podrán acudir ni las instituciones públicas ni las personas que se puedan ver afectadas por las malas prácticas de la multinacionales, ya que es un sistema unidireccional en el que sólo pueden demandar las multinacionales, y que sólo ellas pueden pagar las facturas de los abogados. En la práctica, visto el historial del arbitraje en la protección de inversiones extranjeras, este sistema para las multinacionales constituye una herramienta disuasoria frente a las políticas expansivas del gasto público.

En el CETA nada se dice de las responsabilidades en las que puedan incurrir las multinacionales por incumplimiento de contratos, ni se articula ningún sistema que permita exigirles responsabilidades por los daños ambientales y de salud pública que puedan ocasionar, e incluso en caso de que el Estado anfitrión les exija las responsabilidades oportunas, las multinacionales les podrán demandar y obtener indemnizaciones millonarias (como en el caso de Chevron y Texaco contra Ecuador) que serán financiadas con los presupuestos estatales, y puestas a buen recaudo en algún paraíso fiscal.

El CETA también permite a las multinacionales participar en las licitaciones públicas en igualdad de condiciones que los inversores nacionales, lo que perjudicará a la economía local. Nada más injusto que tratar iguales a desiguales. Y en el caso de que un Ayuntamiento quiera implementar políticas que garanticen empleos a sus ciudadanos se expondrán a las demandas de estas multinacionales a través del ICS.

Con la ratificación del CETA, el rodillo neoliberal del Parlamento Europeo dará luz verde a la creación de órganos supranacionales para armonizar las normas presentes y futuras de los distintos Estados partes del acuerdo, con la participación de los grupos de presión del mundo de los negocios, pero en la que no está prevista la participación ciudadana.

Por todo ello, miembros de ATTAC y de la campaña No al TTIP comarques de Castelló están en Estrasburgo para pedir a los eurodiputados que voten NO al CETA, porque decir NO al CETA es proteger la soberanía de las naciones, a las personas y al medio ambiente.

Sandra Soutto

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